El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña presentó ayer un anteproyecto de ley para la creación de un impuesto propio de la Comunidad Autónoma dirigido a gravar los pisos propiedad de los bancos y demás entidades financieras que se encuentren desocupados durante un período de tiempo superior a dos años. Se estima que la Comunidad Autónoma podrá recaudar con la implantación de este nuevo gravamen en torno a 25 millones de euros, si bien, el Gobierno ha justificado la adopción de la misma en la necesidad de aumentar el parque de pisos en alquiler, incentivando, en este sentido, a las entidades financieras a que vendan o, en su caso, alquilen el importante número de viviendas que la crisis económica y sus efectos sobre los deudores hipotecarios han puesto en su poder.
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