El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que se está estudiando, en el marco de las medidas de lucha contra el fraude fiscal, hacer pública la lista de los mayores defraudadores fiscales y de los morosos con la Administración, al igual que ya sucede en otros países como Irlanda o Reino Unido. Estas declaraciones se han efectuado en el marco del debate sobre la Ley de medidas fiscales y la ley de presupuestos para 2013. Hay que tener en cuenta, no obstante, que una medida como la anunciada por el Ministro puede chocar frontalmente con determinados derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española, como el derecho a la intimidad personal y familiar o el derecho a la protección de datos de carácter personal, así como contra el carácter reservado de los datos en poder de la Administración tributaria. Da la impresión que estamos en un momento en el que en aras de recuperar recaudación y luchar contra el fraude "vale todo" y esto no es así, pues nuestro Ordenamiento jurídico prevé una serie de garantías y derechos del contribuyente que no pueden ser desconocidos por la Administración tributaria a la hora de aplicar el sistema tributario y hay que reconocer que esta medida que se anuncia es susceptible de provocar no pocas injerencias en la esfera jurídica de los contribuyentes y de desplegar unos "efectos colaterales" que quizá no se han evaluado convenientemente.
Esta es la nota de prensa del Ministerio al respecto:
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